Hay un recurso de último momento para evitar las agonías dolorosas y se aplica en muchos hospitales de España y supongo que del resto del mundo. Consiste en aplicarle al enfermo terminal, cuando el único diagnóstico posible es que ya no tiene regreso hacia la vida, unos sedantes que le eviten el dolor y lo ayuden a deslizarse por esa pendiente con menos sufrimiento. A veces lo piden los mismos enfermos; en ocasiones son los familiares quienes demandan esa última intervención médica, y supongo que también habrá casos en los que los propios médicos toman la iniciativa para evitarle al enfermo dolores, llamémosles improductivos puesto que ya no van a producir reacción vital alguna. Claro está que siempre queda la última sombra de la duda de si no habría recuperado el aliento vital antes del último soplo haciendo honor al enigma de la vida, pero ante la ciencia, que prefiere atenerse a la estadística, resulta demasiado especulativa esta posibilidad.
Hace más de tres años, el consejero de sanidad del entonces nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, lanzó una fuerte ofensiva contra los médicos de un hospital público, el Severo Ochoa, acusándolos de haber causado cuatrocientas muertes irregulares por medio de la sedación de pacientes. Lo curioso es que este funcionario hizo su apreciación y actuó a partir de un anónimo que recibió; no acudió a la comprobación pericial dentro del mismo gremio, no siendo él mismo médico sino funcionario, no presentó mayores pruebas que su dicho y aplicó su autoridad en despedir al responsable del área, el coordinador de urgencias del hospital y a otros médicos; procedió acto seguido a demandarlos ante la justicia y a hacer pública su acusación ante los medios.
La justicia, luego de que se hizo cargo, llegó a la conclusión, el año pasado, de que no eran cuatrocientos sino que viendo caso por caso se reducía considerablemente el cómputo y de que no había sustento legal para denominarlos homicidios, por lo que lo expedientó como mala praxis médica. Los médicos despedidos se inconformaron y exigieron que continuara la investigación hasta sus últimas consecuencias. Cosa que ya ocurrió; los resultados los exoneran e ignoran la acusación de mala praxis; es decir, los declaran inocentes de las acusaciones.
El funcionario que los acusó está ahora en otro puesto y el que lo sustituye dice que en todo caso quien los corrió tenía autoridad para correrlos. Por el momento están mirando para otro lado pero no tendrán más remedio que tomar el toro por los cuernos porque ya está en curso la contra demanda. Claro que un caso así es relevante, que la responsabilidad del gobierno es vigilar que la actividad profesional sea impecable en todos los campos y especialmente en el de la salud, y debe actuar al menor asomo de duda; pero haber hecho caso de un anónimo y a partir de allí normar un criterio tan drástico como correr al responsable y acusar a la planta de médicos de cometer un montonal de asesinatos es algo que pone en entredicho la buena intención del funcionario o del gobierno al que representa. El caso no está del todo concluido y habrá que esperar las definiciones últimas. Lo bueno es que la justicia en España, aunque tenga leves caídas, es una institución sólida que cuenta con la confianza de la gente.
